Premio Amalia Solórzano 2016


 

Premio Amalia Solórzano 2017



Leído en ocasión de la entrega del Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017 al antropólogo Abel Barreda en
el Palacio de Minería, Ciudad de México, el 12 octubre.

Adolfo Gilly

La señora Amalia Solórzano de Cárdenas estaría hoy aquí –tal vez esté, a su modo silencioso–
contenta y orgullosa de que el premio que lleva su nombre lo reciba hoy Abel Barrera Hernández,
antropólogo, hombre honesto y leal, y junto con él, su Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan y todos sus integrantes, el abogado Vidulfo Rosales entre ellos, que se juegan la vida
cada día, serenos y silenciosos, en su tarea de defensa de la vida y de los derechos de los pueblos de
Guerrero; y como todos los grupos de derechos humanos que aquí no nombro, en defensa de México,
de su existencia como nación democrática y protectora, y de todos nosotros, quienes aquí vivimos,
trabajamos, aprendemos el pasado e imaginamos el porvenir.

En esta tarea, larga y dolorosa, fue precursora Rosario Ibarra de Piedra con su larga lucha por la
aparición con vida y por la libertad de su hijo Jesús Piedra Ibarra, empresa incansable llevada junto
con sus compañeras de dolor y de pelea, a quienes quiero desde este inicio rendir reconocimiento y
homenaje.

Abel Barrera fundó Tlachinollan en 1994, veintitrés años ya. Desde entonces ha desarrollado su
ininterrumpida y riesgosa actividad en casos grandes y en casos individuales, que parecen más
pequeños y en realidad son tan graves y grandes como cualquier otro delito y crimen de violación de
nuestros derechos en la República Mexicana, y en cualquier lugar del mundo que reciba el nombre y
el título de República.

En estos días Tlachinollan lleva el acompañamiento jurídico de largo aliento de la Policía Comunitaria
en Guerrero, en defensa de su actuación y su libertad de organización y por el reconocimiento legal
de sus sistemas normativos desde su fundación. Desarrolla acciones de acompañamiento comunitario
a los pueblos indígenas en defensa de todos sus derechos básicos, especialmente el derecho al agua.
Acaba de lograr una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero
(CEDH) al gobierno de la entidad en favor de la comunidad El Coyul, en defensa de su derecho de
acceso a la educación ante la carencia de maestros.

Le está dando seguimiento a dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Coidh) sobre el caso denominado Inés y Vale, donde está determinado que esas dos mujeres, de 25 y
17 años de edad, en un contexto de pobreza y marginación, fueron violadas sexualmente y torturadas
por elementos del Ejército en la Montaña de Guerrero. La denuncia se hizo en 2002, la Coidh asumió
el caso en 2010; Tlachinollan y Abel, tercos como su oficio lo exige, hicieron propio el caso y no cejan.

El listado de sus acciones en curso es, por supuesto, más extenso. En la suma de esos casos, grandes y pequeños, Abel Barrera y Tlachinollan han ganado el reconocimiento y el respeto nacional e
internacional.

La Fundación MacArthur, internacionalmente reconocida, le otorgó en 2007 el Premio MacArthur
para Instituciones Creativas y Efectivas. Dijo entonces así Abel Barrera su gratitud: “Nos llamamos Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en honor al nombre antiguo de Tlapa, que significa Lugar
de los Campos Quemados.

“Nuestra utopía de Tlachinollan es que los pueblos indígenas vivan con dignidad, en un ambiente de
respeto y con reconocimiento, como sujetos de derecho público por parte de las autoridades. La
afectividad se construye. Nos hicimos eco del sufrimiento, pero también de la utopía”.
Y después: “La justicia tiene rostro. Es una lucha legítima, canalizada se junta con el movimiento
universal de los derechos humanos. Es el respeto a los derechos humanos: solidaridad, fraternidad y
sobre todo la justicia”.


En 2010, Abel Barrera recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. El 27 de mayo de
2011 Amnistía Internacional le concedió su Premio Anual de Derechos Humanos por su lucha con un
gran riesgo personal por los derechos indígenas del estado de Guerrero. En esa ocasión estas fueron
sus palabras de agradecimiento:
“En México la lucha por la justicia y los derechos humanos se ha tornado en una experiencia cada vez
más dolorosa y peligrosa. La muerte ha cercado nuestras sierras y avenidas, porque se ha impuesto
como un destino fatídico la guerra contra el narcotráfico a la que se aventuró el gobierno federal,
dejando inerme a la sociedad.
“En el sur de México, los pueblos se mantienen en pie de lucha defendiendo sus territorios y su
propia sobrevivencia. En Guerrero, los indígenas y campesinos pelean con ahínco por romper los
muros del silencio, destruir la injusticia y remontar el lastre de la discriminación y el racismo. […]
La gesta por los derechos humanos en nuestro país ha sido heroica. Los ciudadanos y ciudadanas han
abierto nuevos caminos con la fuerza de sus manos y con el acero de su dignidad. En Guerrero, los
defensores y las defensoras se han forjado en medio de la represión, enfrentando la persecución y los
encarcelamientos. Tlachinollan nació en medio de esta revuelta, dentro de un estado y una región
donde hombres y mujeres han pagado con su vida el costo de nuestros derechos. Aún persiste en el
estado el dolor por los desaparecidos y la indignación por la impunidad de que goza el Ejército
Mexicano
”.

Esta mención se enlaza directamente con la presente epopeya de Tlachinollan y múltiples
organizaciones, en el vasto movimiento por la aparición con vida y en libertad de los 43 estudiantes
de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cuya desaparición forzada tuvo
lugar en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando además fueron asesinadas otras seis
personas, tres de ellas estudiantes de Ayotzinapa.

En su castillo de falsificaciones en torno al caso, el procurador general de la República dijo una sola
verdad: El Ejército no se manda solo. En efecto: el Ejército obedece al mando del gobierno federal de
la nación, de cuyo gobierno formaba parte destacada el procurador general. Es imposible, entonces,
que este funcionario no supiera quién, desde dónde y por qué ordenó y ejecutó la operación
Ayotzinapa y quiera reducir la controversia a un Ejército que, como él bien dice, obedece solamente
órdenes superiores. ¿Y quién dio esas órdenes en el caso de Ayotzinapa?
Su verdad histórica –que los estudiantes fueron incinerados en el basural de Cocula– fue
desmantelada hasta los cimientos por la investigación y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) para la investigación del caso, con el acuerdo del gobierno federal y de los representantes de
las familias de las víctimas. El GIEI trabajó en el país durante dos periodos de seis meses cada uno y
publicó dos voluminosos y muy detallados informes de sus actividades, sus hallazgos, sus pruebas y
sus conclusiones.

Esa investigación está espléndidamente resumida en un libro del presidente del GIEI, Carlos Martín
Beristain, El tiempo de Ayotzinapa, México y España, editorial Foca, enero 2017, 268 páginas. Nada,
salvo repeticiones de la verdad histórica del procurador general de aquel entonces, han podido
responder hasta hoy el gobierno federal y sus dependencias.

No diré más aquí de ese caso, histórico por sí mismo. Lo que una vez sucedió se puede ocultar por un
tiempo, pero no se puede borrar: “Temamos a la historia”, decía José María Morelos.
En estos nuestros días, después de más de tres años, la lucha de las madres y padres de los
estudiantes de Ayotzinapa, de sus compañeros normalistas y de las organizaciones de derechos
humanos que los apoyan, entre ellas la más cercana, la guerrerense Tlachinollan, continúa sin reposo.
Con su tenacidad nos protegen a todos, hasta donde proteger en estos tiempos sea posible.

Así dijo Abel Barrera, en una entrevista reciente con Luis Hernández Navarro:
[https://www.youtube.com/watch?v=P5u156nRe3g]
“La Comuna de Ayotzinapa –parte luminosa de los padres y madres–- proviene de la cultura
comunitaria, de comunidades pequeñas, pobres, padres y madres campesinos, que viven del maíz, y
tienen adentro de su corazón la comunidad. Al mismo tiempo, Ayotzinapa es también un colegio de
estudiantes que luchan por la educación, por su porvenir como maestros, por espacios colectivos,
donde su cultura consiste precisamente en poder compartir la cultura, los sueños, la formación.
“La Comuna de Ayotzinapa es la clave de la resistencia, y no por nada sigue siendo la cuna de la
resistencia. Es la misma de los padres y madres, que han podido dar lecciones de cómo es preciso
acuerparse para poder encontrar la verdad. Esto es importantísimo. Sí, regresan a sus casas a ver a
sus otros hijos. Pero saben el mandato de sus hijos desaparecidos y prosiguen su lucha sin tregua y sin pausa. Esa es la cultura de la comunidad, esa es la Comuna de Ayotzinapa”.


En la persona de Abel Barrera Hernández, también ellos reciben hoy el Premio Amalia Solórzano de
Cárdenas. Salud y gratitud, madres y padres de los 43 de Ayotzinapa. Salud, Tlachinollan. Salud,
antropólogo, organizador y compañero Abel Barrera Hernández”.