CENTRO LÁZARO CÁRDENAS Y AMALIA SOLÓRZANO, A. C.



Palabras de agradecimiento del Antropólogo Abel Barrera Hernández al recibir el Premio Amalia Solórzano 2017

Agradezco al Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, así como su honorable
Consejo por este importante reconocimiento. Especialmente agradezco a las mujeres y
hombres de la Montaña, a los Pueblos Me’phaa, Nasavi, Nauas y Ñomdaá, los de la
palabra sabia, la que nace del manantial de la comunitariedad. Una región que el
presidente Lázaro Cárdenas y doña Amalia Solórzano recorrieron en varias ocasiones y
constataron las condiciones deplorables de las mujeres y hombres de la lluvia.
En este día de la resistencia y la combatividad de los pueblos de América, es muy
significativo recibir este reconocimiento que llega en un momento sumamente crítico,
devastador, por la violencia que nos avasalla y la impunidad que atrofia nuestro sistema
político. Es significativo por lo que ha representado para nuestro país el añorado
presidente Lázaro Cárdenas y nuestra admirable Amalia Solórzano porque entregaron su
vida en la defensa de nuestra soberanía nacional.

En contextos tan cruentos como el que vive Guerrero, invocar los derechos humanos
suele ser una voz pérdida en la Montaña. Es picar piedra que muchas veces parece ser
un esfuerzo ingenuo o inútil. Ante tanta impunidad y violencia, no en pocas ocasiones la
desesperanza nos lleva incluso a cuestionarnos sobre la relevancia de fincar nuestras
acciones desde este paradigma.

Los pueblos indios de la Montaña, nos han enseñado que la gesta por los derechos
humanos no es en vano, más bien implica reciedumbre, sacrificio y mucho valor. Sin
evocar este término han dado lecciones al país de lo que representa defender la vida y el
territorio con la propia vida. Sin aspavientos avanzan sin retroceder, desde los caminos
agrestes y desde la penumbra del olvido. No se arredran, a pesar de los 525 años de
coloniaje, y de una normatividad que los sojuzga y discrimina, que despoja y destruye
su vida comunitaria.

Los pueblos subsisten en una región donde la institucionalidad estatal es evanescente,
que está más bien ausente, y donde los derechos legalmente reconocidos, no existen más
allá de la norma escrita. En la Montaña no es posible hablar de la erosión del estado,
sino de una ausencia secular de las instituciones estatales, donde impera la ley del fusil,
del uso de la fuerza letal y un escenario de graves violaciones de derechos humanos. El
atraco desde la colonia, es el despojo del nuevo coloniaje neoliberal. La violencia con
que se imponen las autoridades estatales, cómplices de los grupos criminales que se
erigen como dueños de las plazas, no difiere de la violencia caciquil que nos ha sumido
en el atraso.

Como defensoras y defensores no podemos ignorar que los derechos humanos llegaron
tarde a la agenda progresista de México, y fueron incorporados en la gramática de las
luchas sociales con desconfianza. Los movimientos sociales poco aludían estos
derechos. La emergente normatividad internacional se concebía como una realidad
inherente a la construcción de una democracia liberal y elitista, donde las demandas de
las mayorías seguirían siendo desechadas.

La transición política que vivimos en México con la alternancia en el ejecutivo refrendó
esta desconfianza. Los magros avances alcanzados con la adopción de reformas legales

pensadas en clave de derechos humanos y la adhesión a múltiples tratados
internacionales, no repercutieron en una mejor garantía de los derechos civiles,
políticos, sociales y culturales de las mayorías excluidas. Por el contrario, la última
década de violencia y el regreso de un partido hegemónico al gobierno federal ha
ejemplificado estas contradicciones que nos ha causado graves agravios, por el
alarmante número de asesinatos y el incremento de la cifra de personas desaparecidas
En este escenario marcado por la polarización social y la cerrazón política, insistir en
que la lucha por los, derechos humanos puede transformar al país en un sentido
favorable a los más excluidos, parece hoy una quimera abanderada por pocos. Sin
embargo, desde Tlachinollan, la manera en que las propias víctimas individuales y
colectivas que acompañamos se apropian de los derechos y los re significan, nos
confirma que esta manera de hacerse cargo de la realidad no ha perdido pertinencia, por
el contrario, representan un gran potencial para romper el muro de la impunidad. Sus
luchas nos han demostrado que son una fuerza que puede transformar el andamiaje
institucional anquilosado en la corrupción y desmontar la estructura delincuencial
encaramada en el poder.

En la Montaña, ante las amenazas de las empresas extractivas, se erige la férrea defensa
comunitaria del derecho al territorio como base material de la reproducción de las
culturas originarias. Un ejemplo señero es el que hoy encabeza la comunidad Me phaá
de san Miguel del Progreso Júba Wajiín, que ha logrado la cancelación de concesiones
mineras que afectaban su territorio y que por la vía del amparo ha logrado el
reconocimiento de sus derechos colectivos. Es un triunfo inobjetable de los pueblos de
la Montaña que han cerrado filas y han conformado el consejo de autoridades agrarias
en defensa del territorio, contra las empresas depredadoras.

En respuesta a la negación de los derechos políticos, se eleva la defensa incansable de la
participación política comunitaria en ejercicios asamblearios, donde la palabra de un
comunera o comunero vale lo mismo que la de los demás. Así lo hemos experimentado
con la creación del consejo de comunidades damnificadas de la Montaña, que emergió
como una respuesta de los pueblos ante los desastres de septiembre 2013.
Frente a la inefectividad de los sistemas de procuración de justicia y seguridad en la
región y su colusión con el crimen organizado, y ante los estragos de la militarización
que arrastra un caudal de crímenes desde la guerra sucia, surge en lo más recóndito de la
Montaña, la policía comunitaria, como una expresión del ejercicio autonómico de los
pueblos originarios para contener la avalancha delincuencial.

Ante la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres, sobresalen las historias
profundas de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas Me phaa
que se han transformado en defensoras ejemplares, que han desafiado al poder militar,
para denunciar la violencia institucional castrense.

Y frente a la negación de los derechos sociales, florecen las luchas en las hondonadas
del olvido, como lo ha hecho la comunidad Na savi del Coyul, de Cochoapa el Grande,
donde los niñas y niños siguen esperando maestras y maestros en medio de las
enramadas habilitadas como salones de clases. Sin saber escribir en el pizarrón justicia,
las madres y padres la han escrito luchando en los tribunales y las calles.

En contextos de alta marginalidad social como la Montaña, los derechos humanos se
hacen presentes en las luchas de quienes recurren a cualquiera de las herramientas
disponibles para responder agravios proferidos desde el poder. Las madres y padres de
los 43 estudiantes desaparecidos han irrumpido en la escena nacional para
desenmascarar el pacto de impunidad que coexiste entre las altas esferas del poder y las
organizaciones criminales. Las madres y padres a más de tres años son el reservorio
moral de un país de muertos y desaparecidos. Un país que nos duele donde los rostros
de los 43 se han transformado en los emblemas de nuestra esperanza. Los papás y
mamás son una luz en esta noche turbulenta marcada por la catástrofe y la devastación
política. Su inquebrantable búsqueda por la verdad ha desbaratado la verdad histórica y
ha hecho y un socavón a su felonía.

A lo largo de 23 años, han sido los sabios y las sabias de los pueblos quienes nos han
ayudado a entender el, significado profundo de los derechos humanos. Ha sido en las
asambleas comunitarias donde hemos entendido lo que en realidad significa la
democracia. Viene a nuestra memoria la lúcida reflexión del presidente Lázaro
Cárdenas:

"El gobernante que pretende encauzar a su país hacia la democracia tiene que empezar
por ser un verdadero demócrata, y demostrarlo tolerando la oposición, por más cruda
que se ejerza en el mitin, en la prensa, en la diatriba personal."
Han sido largos los trechos como el de los últimos tres años con las familias de
Ayotzinapa, donde hemos aprendido lo que significa dignidad. Han sido estas familias
quienes nos han enseñado al país como los derechos humanos no pueden estar alejados
de la solidaridad nacional ni de las luchas sociales que nos interpelan a todos debido a
su intrínseca relación. Doña Amalia fue un ejemplo vivo de esta solidaridad
latinoamericana que estuvo siempre en el corazón de las mujeres y hombres que
lucharon en su país para acabar con gobiernos dictatoriales. No podemos olvidar que fue
una entusiasta promotora del movimiento de liberación nacional. Su corazón grande la
llevó a brindar apoyo al exilio chileno y a establecer lazos con organizaciones solidarias
del pueblo de Vietnam.

Sin duda son tiempos adversos para reivindicar nuestra vocación como defensoras y
defensores de derechos humanos en México y por ello nuestro agradecimiento más
profundo al Centro. Los saldos de la crisis de violencia que vivimos no permiten ningún
tipo de optimismo en un país que se ha poblado de víctimas, donde la sociedad se
debate en medio del fuego cruzado de la violencia estatal y de la violencia no estatal.
Sin embargo, para Tlachinellan en este contexto adverso, a más de dos décadas de
nuestra fundación, los derechos humanos concebidos del lado de las víctimas, siguen
erigiéndose como un bastión de resistencia frente a los poderes que amenazan la vida
digna, de ninguna otra forma podríamos seguir el paso a las familias de Ayotzinapa.
Agradezco nuevamente al Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano y al Consejo por
este premio. Lo dedico a las madres y padres de Ayotzinapa, quienes luchan porque
veamos un México donde la verdad impere y donde los desaparecidos sean recordados
en todo momento como lo dijo Eduardo Galeano:
"Desaparecidos: los muertos sin tumba,

las tumbas sin nombre.
Y también:
los bosques nativos,
las estrellas en la noche de las ciudades,
el aroma de las flores,
el sabor de las frutas,
las cartas escritas a mano,
los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo,
el futbol de la calle,
el derecho a caminar,
el derecho a respirar,
los empleos seguros,
las jubilaciones seguras,
las casas sin rejas,
las puertas sin cerradura,
el sentido comunitario `
y el sentido común.";
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Entrega del Premio Amalia Solórzano 2017



Entrega del Premio Amalia Solórzano 2017
Palabras de Adolfo Gili